jueves, 23 de septiembre de 2010

El Decálogo Demócrata Liberal


Las razones por las cuales somos liberales:

1.-Moral: porque creemos que ninguna persona tiene el derecho de ejercer coerción sobre otra.

2.-Pragmática: La libertad funciona.

3.-Utilitaria: La libertad produce el mayor bienestar para la mayoría.

4.-Interés propio: La libertad te beneficia, es de tu interés.

5.-Beneficio mutuo: La libertad beneficia a otros.

6.-Un Gobierno Ilimitado no funciona, la libertad si.

7.-Responsabilidad Personal: la libertad premia la responsabilidad personal y castiga la irresponsabilidad.

8.-Elección: la libertad maximiza la elección, de hecho, la libertad es elección.

9.-Prosperidad: la libertad económica genera prosperidad.

10.-Desarrollo: el aumento de las libertades individuales generan el desarrollo de las naciones.

lunes, 20 de septiembre de 2010

No es lo mismo: CAPITALISMO Y MERCANTILISMO

Por Alberto Mansueti

“Capitalismo” es como llaman a la economía libre, que nunca tuvimos en Guatemala ni en América latina, al menos plenamente. Lo que tuvimos fue mercantilismo: la economía estatista a favor de los privilegiados ricos.


¿Y el socialismo? Es la economía estatista que dice favorecer a los pobres, pero en realidad favorece a los privilegiados políticos. Y lo que tenemos hoy en Latinoamérica -y el mundo- es una desafortunada combinación de ambas variedades de estatismo: mercantilismo y socialismo.


En una economía “capitalista”, los precios de los bienes, servicios y factores productivos, y demás condiciones de los intercambios, son acordados por voluntario consentimiento de vendedores y compradores. Sin privilegios diferenciales conferidas por el Estado a ciertos sectores particulares en exclusividad, los verdaderos monopolios. Y sin coerción ni fraude. Así los niveles de precios, ahorro, inversión, empleo, producción y consumo, etc., se determinan según los procesos de los mercados, y asimismo las ganancias, rentas y salarios y demás resultados obtenidos por los participantes. Es un sistema eficiente y moral.


Y realista. Las leyes naturales de los mercados son determinadas por la conducta humana tal como es, animada por el deseo natural de mejorar la propia condición, mediante el uso de la razón, explotando las oportunidades disponibles para satisfacer las propias necesidades, comenzando por las materiales. En el ahorro, inversión, trabajo, producción, consumo, etc., cada quien sigue su propio interés. Pero así genera riqueza y crea empleo; y de tal forma ayuda al prójimo, aún sin ser ese su propósito y voluntad, y hasta mejor que si lo fuese.


Tales procesos se expresan en las leyes de la economía como ciencia: leyes de la oferta y la demanda, pero también de la utilidad marginal, rendimiento decreciente de los factores, costos y beneficios, etc. Como dichas leyes lo describen y explican, los logros o fracasos de cada quien resultan de las decisiones “marginales”, cotidianas y continuas, según cálculo racional: trabajar o no; consumir, ahorrar o producir; asociarse o seguir solo; comprar el insumo X o el Y; emplear el recurso A o el B, etc. Ud. puede ver estas leyes en cualquier texto de Economía de la corriente austriana, la que más fielmente se apega a la realidad económica.


En el mercantilismo en cambio, los precios y condiciones de intercambio son fijados por los Gobiernos. La riqueza depende de la negociación con el funcionario. Y el éxito depende del soborno, o del cabildeo y astucia para influir en la fabricación de leyes. La ganancia ya no depende de la capacidad, habilidad y disposición para ser cumplido, y creativo, prudente, ahorrativo y eficiente, dejando satisfechos a clientes, empleados y proveedores. Se puede uno enriquecer sin servir y enriquecer a los demás. Por eso es un sistema ineficiente. E inmoral.


E irrealista. Como en toda forma de estatismo, se pretende que la conducta humana sea como los planificadores nos dicen que “debería ser” o que “deberíamos” hacer. Se nos dice que los intereses individuales deberían ceder paso al de la nación, o al interés común. Aunque ellos -los dirigentes y “líderes” estatistas- hacen en realidad otra cosa: jamás descuidan su interés propio (el de ellos) y más bien lo anteponen.


Y como en todo estatismo, se inventan unas “escuelas” de la economía, muy alejadas de la verdad científica, pero que no obstante prevalecen en las academias universitarias -controladas por los Gobiernos- porque son las que mejor cubren las mentiras del poder. En el s. XVIII la escuela mercantilista fue la doctrina económica del despotismo ilustrado. En el s. XIX florecieron la Escuela histórica alemana y el marxismo, para legitimar “científicamente” las pretensiones del prusianismo y del socialismo. Y en el s. XX tuvimos la proliferación de Escuelas del “mainstream” (corriente principal).


Un sistema capitalista no se circunscribe a los bienes y servicios “económicos” -comida, ropa, viviendas, seguros- y al campo convencional de la economía. En una sociedad libre, la educación, los servicios médicos, y las jubilaciones y pensiones -así como la información, la comunicación y el entretenimiento- también se arreglan mediante procesos de mercado. Las escuelas, clínicas, cajas de jubilaciones, medios de prensa, etc, deben estar abiertos a la competencia, para optimizarse el uso de los recursos, y asignarse conforme a las prioridades establecidas por la sociedad, expresadas en las demandas de mercado. Es la única manera de tener esos bienes y servicios abundantes, económicos y de buena calidad.


El capitalismo requiere además un modelo político: el Gobierno limitado. En el Gobierno sin fronteras, el Poder Ejecutivo interviene amplia y arbitrariamente en todas las actividades económicas, apoyado en profusas y confusas leyes reglamentaristas. Un Gobierno limitado no es que no existe o no interviene en la economía, sino el que se limita a tratar con la violencia y el fraude, y mediante las leyes generales. Y en tales casos interviene, en la economía y en toda actividad privada, pero sólo entonces, a través de jueces, y con arreglo a las disposiciones establecidas en esas leyes. Interviene en conflictos de derechos, no de intereses, que se resuelven por las vías de los mercados.


Por último, en el capitalismo la política también es un proceso de mercado. Hoy los gobiernos reglamentan al detalle y autoritariamente las actividades de los partidos. Les exigen adoptar la ideología democrática, y practicarla: que cada tanto hagan asambleas para renovar autoridades etc.; y que sus campañas y financiamientos se hagan conforme a los reglamentos. Y nos parece muy bien. Pero en una democracia liberal es distinto: con libertad de pensamiento, puede haber partidos democráticos, y otros no. Y los partidos deben competir por el favor del público: no es el legislador ni el funcionario electoral quien decide. Somos los ciudadanos quienes ingresamos, y permanecemos, o salimos de los partidos cuyas declaraciones, vida interna o forma de hacer campañas o financiarse nos desagrada -votando con los pies- e ingresando en otros, o creando los que no existen aún.



No es lo mismo: IZQUIERDA, DERECHA Y CENTRO

Por Alberto Mansueti

¡No tenga miedo a las palabras “capitalismo” ni “Derecha”! Si a la economía libre llaman “capitalismo liberal”, pues asumamos su defensa, ¿y qué? Y si los propulsores del socialismo se llaman de Izquierda, entonces los del capitalismo somos de “Derecha”, ¿y qué?


En eso los socialistas no son acomplejados, y una de las razones de su amplio predominio es que nos endilgan a nosotros los calificativos de “capitalistas” y “derechistas” como epítetos infamantes, y no los reivindicamos: por eso nos tiran a la lona en el primer round. Pero otro gallo cantara si asumimos nosotros esos términos. Y los clarificamos y matizamos: así como hay muchas clases de izquierdas, democráticas y revolucionarias, así también hay muchos tipos de derechas, mercantilistas y liberales.


Los socialistas ahora no tienen exactamente las mismas ideas que antes -ni sus oponentes- pero no es cierto que los términos Izquierda y Derecha hayan perdido vigencia, o esos conceptos se hayan desactualizado. Aunque para comprender bien sus significados conviene rastrearlos desde su origen, a fines del s. XVIII, en la revolución industrial inglesa, y en la revolución democrática francesa.


#) “Capitalismo” es el sistema de economía libre y Gobierno limitado (“gendarme nocturno”), que en el pasado hizo ricos a países muy pobres hace 300 o 200 años: Suiza, Holanda, Escocia, Inglaterra. Se basa en la libre y abierta competencia, con igualdad de oportunidades jurídicas. Sin ser perfecto -nada humano lo es- es muy superior a cualquier otro en orden a permitir la creación de riqueza para todos.


#) Estatismo es el sistema contrario, el de siempre en Latinoamérica, excepto en parte entre 1880 y 1930.


El estatismo viene en dos variedades: mercantilismo y socialismo; el primero es malo, y el segundo es peor. Mercantilismo es un sistema de privilegios para oligarquías económicas, que permite crear riqueza sólo para unos pocos, y el resto sigue en la pobreza. Y la pobreza se junta con la ignorancia, y engendran el socialismo, sistema de privilegios para oligarquías políticas, que no crean riqueza para nadie sino que destruyen la poca que hay.


#) El socialismo debe ser analizado y juzgado por sus resultados reales, y no por aquellos supuestos logros ideales que sus partidarios dicen perseguir, de palabra y en el papel, en sus discursos, sermones, clases y charlas.


Hay dos subespecies de socialismo: el reformista, democrático o girondino (menchevique), que se impone mediante la propaganda engañosa; y el revolucionario o jacobino (nazi o comunista: bolchevique), que usa la presión y las armas: stalinista, mussolinista, hitlerista o maoísta.


Mediante el proceso político -el toma y dame del estatismo- las izquierdas blandas y las derechas antiliberales combinan socialismo democrático con mercantilismo, creando y repartiendo privilegios para oligarquías políticas y económicas a la vez. Siempre fracasan.


Y tras los inevitables fracasos de estas combinaciones irrumpe siempre el ala más dura, comunista y radical. Así es p. ej. otra vez en Venezuela, Bolivia, Ecuador o Paraguay, con Presidentes que ahora la clase media repudia, pero que como candidatos contaron con buena parte de sus votos.


#) “Izquierda” se llamó durante las sangrientas revoluciones europeas de 1789, 1820, 1830, 1848, 1871 y 1917-18, a la fuerza ideológica y política que en nombre del socialismo atacó violentamente el Gobierno limitado, el capitalismo y la propiedad, la ética socialmente aceptada (“victoriana”) y las instituciones tradicionales: matrimonio, familia y religión. En estas trágicas masacres asesinaron aldeas completas de gentes, y diezmaron pueblos y villas, y barrios o sectores enteros en muchas ciudades.


#) “Derecha” se llamó desde entonces a la muy heterogénea alianza de factores sociales, económicos, religiosos, militares y políticos que reaccionaron (“reaccionarios”) resistiendo con determinación y vigor a las izquierdas: elites urbanas, clase media de las villas o burgos (“burguesía”), Iglesias, ejército, los monárquicos (constitucionales y absolutistas) y los tradicionalistas y conservadores. Y liberales. Pero también mercantilistas.


Sin embargo, ya en el s. XX -desde las revoluciones mexicana (1911) y rusa (1917)- las derechas se perdieron en nostalgias románticas y defensas de privilegios, y fueron incapaces siquiera de poner contención a las izquierdas.


#) Y emergieron dos facciones ultrasocialistas: las del fascismo y socialismo nacional, y las del comunismo o socialismo internacionalista (“proletario”). Las segundas acusaron falsamente de “derecha” (¡extrema!) a las primeras. Pero no hubo grandes diferencias; sólo lucha por el poder. Sean camisas rojas, negras o pardas, sus “logros” fueron hambre, miseria, opresión, guerras sin fin, campos de concentración, torturas, muerte y sufrimientos. Balas y sangre. Pol Pot.


#) Aunque después de 1945 se fue imponiendo el demosocialismo de camisa blanca, en sus ediciones escandinavas, anglosajonas -laborismo o new deal- o a la francesa, y árabe, sionista, iberoamericana, negras, tercermundistas, etc. Tampoco hubo muchas diferencias, y no mucho mejores fueron los frutos observables:-- estatismo: Estado intervencionista, ineficiente y parásito;-- gasto público desbordado, con impuestos exorbitados, y en muchos casos astronómicas deudas estatales;-- degradación de la moneda e inflación de precios, y con alto desempleo;-- regulaciones paralizantes y anticompetitivas, con improductividad e ineficiencia en las empresas privadas;-- inseguridad en las calles, injusticia en los tribunales, y corrupción galopante;-- y por último, pero no menos destacable: medicina y educación políticamente subordinadas a los Gobiernos y de calidad muy pobre, y jubilaciones y pensiones indignas y miserables.


Es cierto que la derecha mercantilista favorece los privilegios, injustos y por ende inmorales. Pero la derecha cristiana y liberal, defiende la propiedad privada contra las expropiaciones, invasiones, robos y secuestros; la ley y el orden contra la criminalidad y la anarquía; el trabajo, el ahorro, la inversión y la producción contra el populismo y el distribucionismo; la creación de riqueza contra la pobreza; y la familia contra su depauperación y desaparición. Nada de malo.


#) ¿El “centro”? Es el intento de esconderse en una fórmula de compromiso, en la práctica siempre estatista, mucho menos que óptima, e intrínsecamente inestable. O es un subterfugio para evitar la definición.


No es lo mismo: NEO-LIBERALISMO Y LIBERALISMO CLÁSICO

Por Alberto Mansueti


Liberalismo clásico (Classical Liberalism) es la corriente de pensamiento que propone el Gobierno limitado, y la economía libre o capitalista, su resultado natural. No confundir con “Liberalism” en inglés: es la que defiende exactamente lo opuesto. Tampoco hay que confundir con el “Neo-liberalismo”. Y el Neo-liberalismo es una cosa en el papel y otra en la práctica. Vamos despacio entonces ..


En los años ’80 el economista John Williamson se hizo famoso entre sus colegas con su libro “IMF Conditionality”. Expuso por primera vez el recetario que después sería el “Washington Consensus”. Enunciado como un Decálogo, en diez verbos, era así:


1) imponer disciplina fiscal;

2) reducir las tasas de impuestos y aumentar así la recaudación total;

3) reorientar el gasto público hacia la atención médica básica, la educación primaria y la infraestructura;

4) liberalizar las tasas de intereses;

5) mantener un tipo de cambio “competitivo”;

6) eliminar restricciones no arancelarias al comercio exterior, y reducir poco a poco los aranceles hasta un arancel efectivo promedio de 10 % a 20 %;

7) liberalizar el flujo de inversión extranjera directa;

8) privatizar las empresas estatales;

9) eliminar las barreras al ingreso y salida del mercado, reduciendo trabas legales;

10) fortalecer los derechos de propiedad privada.


¿Es bueno eso? Más o menos. Algunos mandamientos sí, otros no. Y otros son discutibles, en sí mismos o en sus consecuencias e implicaciones:-- es buena la disciplina fiscal, pero recortando gastos, no aumentando ingresos (1-2);-- la jerarquización de las funciones estatales es imprescindible, y es función del Estado construir obras públicas, mas no enseñar (3), y en todo caso la ayuda estatal a la educación de los pobres puede ser con cupones;-- es malo manipular el tipo de interés (4); pero también el tipo de cambio (5);-- ¿por qué no arancel cero? (6) ¿y por qué desregular los mercados (9) y la inversión extranjera (7), pero no la nacional, o la repatriada?-- es bueno privatizar los monopolios estatales (8), pero no para hacerlos privados sin dejar de ser monopolios. -- El monopolio viola el derecho de propiedad (10) de los otros. Monopolio no es una empresa grande, ni una empresa sola en un mercado. Es la que goza de privilegios especiales en impuestos, insumos, materias primas, aduanas, seguros, relaciones laborales o con los bancos, etc., otorgados como especiales y exclusivos favores políticos por Gobiernos y Legislaturas.


Pero, ¿se aplicó el decálogo en la práctica? Más o menos. Desde los ’90 hubo y hay reformas y medidas económicas muy mal concebidas y peor ejecutadas por los Gobiernos, el FMI, el Banco Mundial y Universidades asociadas. Si se observa de cerca lo ocurrido más allá del papel, hubo muy graves fallos; y de liberalismo clásico poco y nada:


#) El Estado no redujo drásticamente sus funciones. No conforme con su rol de diputado o senador, juez, policía y soldado, diplomático y contratista, quiso seguir de maestro y educador, médico, odontólogo y bioanalista, promotor deportivo, científico, artístico y cultural etc., y ductor general de la sociedad. Y en lo económico apenas admitió cambiar en algunos casos su papel de propietario de empresas por el de gerente y director general.


#) En consecuencia los Gobiernos no redujeron competencias, poderes y prerrogativas, ni tamaño ni presupuesto. ¿Y su personal? A veces, muy poquito.


#) Tampoco redujeron el gasto estatal, ni cesó el endeudamiento público. Las privatizaciones fueron fiscalistas, y capitalizaron a los Gobiernos. Los monopolios estatales fueron privatizados sin dejar de ser monopolios, para exigir precios muy por encima del real valor de mercado de los activos, sólo a tiro de grandes complejos empresariales y consorcios internacionales apalancados por grandes Bancos. Y que después recuperaron sus enormes inversiones con elevadas tarifas, para usuarios y consumidores tan pobres como antes, o más.


#) No aceptaron eliminar la inflación como medio de financiarse, sólo reducirla. Por ello se siguió con la emisión de papel sin respaldo real (metálico u otro); con la banca de reservas fraccionarias; y con la manipulación artificial de las tasas de interés a la baja, estimulando el endeudamiento.


#) La inflación fue parcialmente reemplazada por el IVA y otros tributos, y los aranceles fueron sustituidos por los derechos antidumping, pero la presión tributaria no se redujo, al contrario.


#) No derogaron las leyes malas (que describo en mi libro “Las leyes malas”); todo lo contrario: también subió la presión reglamentaria. -- Los monopolios privatizados fueron encuadrados en los reglamentos pero sin someterse a la justa dictadura de la abierta competencia. -- Según la nueva ortodoxia económica, los controles de precios fueron reemplazados por las leyes del Consumidor y “pro competencia”. -- Según la nueva “política correcta” se introdujeron costosos reglamentos laborales, ecoambientalistas y de “género”, de la niñez y adolescencia, indígenas, discapacitados, etc.-- Y las burocracias se extendieron a toda la economía y a la vida nacional entera, impidiendo a las iniciativas individuales expresar su creatividad y fructificar.


#) El viejo modelo cepalista de sacrificio de la exportación en aras del mercado interno se cambió por el opuesto: sacrificio del mercado interno en pro de la exportación, pero siempre con la planificación central. Sólo cambiaron sus objetivos y modalidades, y los sectores protegidos, pero no el proteccionismo.


#) La integración latino o centroamericana, caribeña, andina o mercosurista, no hizo liberación comercial. Sus listas de excepciones siempre fueron más extensas que los propios acuerdos, y letra chica mata letra grande. La visión de “bloques” políticos no es de Milton Friedman ni de la Escuela de Chicago; es más bien típica de la teoría “dependentista” del subdesarrollo de los ’50 a los ’70: Raul Prebisch, André Gunder Frank, el ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faletto, Celso Furtado, Enrique Iglesias, Osvaldo Sunkel y Pedro Paz.


En resumen: los cambios fueron pocos, mal orientados, muy alejados del libre mercado. No idóneos e insuficientes. Puros fracasos. Pero poco y nada de liberalismo tuvieron, y el nombre que le cabe a eso sería ¡Neo-mercantilismo!

jueves, 16 de septiembre de 2010

Qué debe hacer un Estado democrático eficiente

Por Carlos Alberto Montaner (Libertad Digital Nro 43)

La leyenda, la mala leyenda, nos imputa a los liberales el objetivo de tratar de debilitar el Estado hasta convertirlo en una entidad superficial e inane. Eso no es cierto. El Estado, tal y como lo concebimos los liberales, desempeña un papel absolutamente fundamental en lo relacionado con el beneficio material y espiritual de la sociedad. De eso tratan las reflexiones que siguen: de entender y explicar para qué sirve el Estado en una sociedad dirigida con criterios liberales.

¿Para qué sirve el Estado?

Toda actividad colectiva racionalmente organizada comienza con una definición de objetivos. ¿Para qué nos juntamos? Puede ser para cazar, cosechar cereales, celebrar una fiesta, jugar al fútbol, amarnos, rezar, atacar a los vecinos o defendernos de ellos. Los propósitos son casi infinitos. Lo importante es que, intuitivamente, sabemos que nos unen ciertos intereses y objetivos comunes, y esa coincidencia debe determinar el perfil de las instituciones que nos son necesarias y la clase de organización que debemos articular para alcanzar el éxito.

El Estado no es una excepción. ¿Para qué sirve el Estado? La pregunta no es un ejercicio retórico vacío. De la respuesta que demos a esta pregunta dependerá el tipo de instituciones, organizaciones, reglas y comportamientos que nos permitirán alcanzar los resultados pretendidos. O que nos harán tener problemas. Los comunistas, por ejemplo, suponen que el objetivo del Estado -mientras sea necesario porque los seres humanos no hayan alcanzado la perfección, según Marx barruntaba-es, además de mantener el orden, crear una sociedad igualitaria en la que los bienes producidos se distribuyan equitativamente entre las personas.

Dentro de esa lógica, es razonable suprimir la propiedad privada y reprimir los impulsos creativos de ciertos individuos. Si los espíritus emprendedores recibieran el fruto de su laboriosidad, muy pronto aparecerían grandes diferencias en la acumulación de bienes. De ahí el surgimiento de una férrea policía política y de un tipo de organización estabularia, cuya función no es crear marcos para la acción espontánea de la sociedad, sino todo lo contrario: erigir estructuras creadas para restringir los impulsos individualistas, transmitir las órdenes de la cúpula, poder dirigir cómodamente a la muchedumbre, distribuir bienes y asignar servicios, manteniendo a las personas debidamente niveladas.

En cambio, dentro de las sociedades libres, en las que prevalece el pluralismo político y se respeta y estimula la propiedad privada, y en las que el igualitarismo no es un objetivo básico, sino una pulsión menor y relativa, ¿cuál es la razón de ser del Estado? En primer término, naturalmente, ha de mantener la paz y el orden y salvaguardar la vida y la integridad física de las personas; tareas éstas fundamentales, para las que el Estado se reserva el monopolio de la fuerza. Pero inmediatamente después surge otro mandato muy importante: estimular la creación de la mayor cantidad posible de bienes y servicios, de manera que el conjunto de la sociedad perciba que sus condiciones de vida mejoran paulatinamente.

En efecto, la democracia plural y la economía de mercado -y el Estado que las hace posibles-se legitiman y perduran cuando la sociedad ve colmadas sus expectativas racionales de mejorar progresivamente en medio de un orden ciudadano razonablemente pacífico y justo. Es lo que sucede en países como Dinamarca, Canadá o Estados Unidos. Cuando eso no ocurre, cuando las personas no creen que el Estado les sirva de una manera clara, sobreviene la crisis, y con frecuencia ésta evoluciona hacia la violencia. Es lo que vemos en naciones como Bolivia o Nigeria. Las personas no tienen inconveniente en demoler el Estado y liquidar la legalidad vigente por la fuerza mientras respaldan a unas nuevas élites para que ejerzan el poder. Este espectáculo lo hemos contemplado muchas veces en América Latina tras los golpes militares, exitosos o fallidos, pero siempre dados con el apoyo de una gran parte de la ciudadanía.

El Estado y sus recursos

Para que un Estado funcione eficientemente es obvio que necesita recursos. En cualquier modelo económico, esos recursos sólo pueden provenir de un sitio: empresas exitosas que generen algún tipo de excedentes. En las sociedades modernas, el Estado casi siempre recibe los recursos que necesita, o los que puede acopiar, por medio de los impuestos que cobra a las personas por los salarios que perciben y los bienes que poseen, o a las empresas por los beneficios que obtienen. Es conveniente observar que los salarios son sólo un factor de coste de las empresas. La renta que los trabajadores reciben por la labor que realizan tiene que ser menor que la que producen. Cuando el costo de producción es mayor que el bien o el servicio producido, al cabo de cierto tiempo, cuando se les agotan el capital y el crédito, las empresas quiebran y los empleados pierden sus puestos de trabajo. Para subsistir, pues, la empresa está condenada a ganar dinero. La plusvalía de que hablaba Marx, en efecto, existe, y es una condición básica para que las sociedades puedan progresar, aunque no es exactamente lo que el pensador alemán creía. El salario, realmente, es un adelanto que hace el empresario a un agente económico contra futuras ganancias... que pueden o no llegar. Es una apuesta más que una forma de explotación. No obstante, no es el trabajador la única entidad que está obligada a abonar una parte de esa plusvalía que genera. La empresa también lo hace por medio de los impuestos que paga –y generalmente estos están relacionados con los beneficios que obtiene–, pero también por los trabajadores que emplea y por su capital acumulado.

Detengámonos un momento en este punto para subrayar cuán disparatada es la dicotomía tradicional entre capital y trabajo, como si se tratara de elementos hostiles. En realidad, los trabajadores y las empresas son factores de una misma ecuación. Cuando yo recibo un salario de una empresa formo parte del factor trabajo, pero cuando envío a mis hijos a un colegio público me he convertido, de facto, en una especie de accionista de las empresas, de todas las empresas que tributan, porque estoy disfrutando de los beneficios que han abonado a la tesorería general del Estado por medio de los impuestos que costean ese colegio.

Es muy útil, pues, que el conjunto de la sociedad se dé cuenta de varias verdades elementales, frecuentemente olvidadas, que, a riesgo de repetirme, vale la pena subrayar con la cadencia de los silogismos:

  • Las empresas son el único lugar donde se puede generar riqueza.
  • Para que eso suceda, las empresas están obligadas a obtener beneficios.
  • Con esos beneficios las empresas dan empleo, crecen y pagan impuestos.
  • Esos impuestos sobre los beneficios nos convierten a todos, de facto, en accionistas pasivos de las empresas. No tomamos decisiones sobre su funcionamiento, pero nos beneficiamos de su éxito.
  • Ergo, a todos nos conviene que haya muchas empresas exitosas que generen beneficios y paguen impuestos. Eso hace al Estado mucho más poderoso en el terreno económico, le permite financiar más prestaciones sociales y los ciudadanos reciben mayores beneficios.

Lo he escrito en otras oportunidades y lo repito ahora: lo que hace poderoso a un país como Estados Unidos es su enorme cantidad de empresas exitosas. El Pentágono o UCLA son posibles porque existen Microsoft y Wal-Mart. Si Estados Unidos puede tener las mejores universidades públicas del mundo, y el ejército más fuerte, es porque cuenta con una infinidad de compañías que investigan, innovan, dan empleo y generan beneficios. Ese es el mismo panorama que observamos, a otra escala, en Suiza, Suecia, Inglaterra y el resto de las naciones desarrolladas del planeta.

Una vez que estamos provistos de esta visión del papel de la empresa es más fácil definir una de las funciones básicas del Estado: dado que lo que nos conviene a todos es que surjan muchas empresas exitosas, una de las principales tareas del Estado es crear las condiciones para que ocurra ese fenómeno. Nos conviene, pues, un Estado facilitador de la gestión empresarial, legal y fiscalmente hospitalario con las compañías que crean y reparten riqueza para ventaja de todos. Ésa es la gallina de los huevos de oro, así que lo sensato es mantenerla saludable e incansablemente ponedora.

El mal negocio de las empresas públicas

Por otra parte, esa percepción también deja en claro lo contraproducente que suele ser la estatización de la producción, la mal llamada nacionalización de las empresas. En realidad, como queda dicho, todas las empresas son parcialmente estatales, en la medida en que el conjunto de la sociedad recibe en calidad de impuestos un porcentaje de los beneficios. Ese porcentaje suele situarse entre un veinte y un treinta y cinco por ciento, pero la experiencia demuestra que no suele ser inteligente tensar demasiado la presión fiscal para no perjudicar el crecimiento de la empresa y dañar nuestro propio bolsillo. Además, para la sociedad es una extraordinaria ventaja gozar de un porcentaje de las ganancias sin tener que arriesgarse cuando se producen pérdidas. Sin embargo, cuando la empresa es estatal, si hay pérdidas éstas deben ser sufragadas por todos los contribuyentes, algo que no sucede cuando se trata de una entidad privada.

Podría alegarse que las empresas estatales también pueden ser una fuente de ingresos cuando generan beneficios, pero la experiencia demuestra que ése no es un panorama habitual; por las siguientes cinco razones, mil veces comprobadas:

  1. La productividad de las empresas públicas es mucho más baja que la que se observa en la empresa privada. Esto quiere decir que el costo del bien o del servicio producido es mucho más alto durante el proceso de creación, lo que da lugar a que los precios se eleven notablemente cuando lo consumimos.
  2. Como las empresas públicas, por su propia naturaleza, son ineficientes, la tendencia del Gobierno es a esconder esa falta de eficacia blindándolas contra la competencia mediante la creación de monopolios públicos y medidas proteccionistas que perjudican al consumidor y retrasan tecnológicamente a la sociedad. Esto se ve muy claramente en las empresas de comunicación.
  3. Con frecuencia, esos altos costos se enmascaran mediante subsidios, y las personas más ingenuas llegan a pensar que el producto o servicio es malo pero gratis, cuando lo que en realidad sucede es que es malos y, encima, carísimo, sólo que lo costeamos mediante los impuestos que pagamos al Estado, dilapidando insensiblemente unos caudales que podrían ser empleados con mejor provecho en otras zonas de las grandes necesidades públicas.
  4. Las empresas públicas suelen ser unas corruptas entidades regidas por relaciones clientelistas, manejadas con criterios partidistas, inmensamente más costosas que las compañías equivalentes existentes en el sector privado, como se puede comprobar en la mexicana Pemex o en la venezolana Pdvsa, dos monopolios públicos dedicados al lucrativo negocio de extraer y vender petróleo.
  5. Como las deficiencias de las empresas estatales no le duelen directamente a nadie en el bolsillo -se trata de un daño difuso y generalizado-, y como los responsables últimos son políticos que procuran su reelección, las empresas y los políticos se convierten en rehenes de unos trabajadores que generalmente no han sido contratados por sus méritos sino por su militancia, y a los que no se les suele exigir un mejor comportamiento laboral para evitar huelgas y protestas que dañen electoralmente al Gobierno. Si hay un patrón indefenso ante los conflictos, ese patrón suele ser el Estado. Por eso, el Estado cede ante la presión de los trabajadores, aunque se trate de un abuso manifiesto que perjudica al conjunto de la sociedad.

La inevitable pregunta que sigue a la descripción de esos cinco grandes males que entorpecen la gestión de las empresas públicas es la siguiente: ¿quiere usted ser accionista pasivo de unas compañías privadas que le van a entregar un alto porcentaje de sus beneficios aunque usted no invierta nada, y que nada le van a exigir si fracasan, o prefiere ser un accionista activo de las empresas públicas, generalmente muy mal manejadas, cuyos fracasos tendrán que ser sufragados con su dinero y el de todos los contribuyentes? Cualquier persona racional capaz de medir sus verdaderos intereses sabe la respuesta. No parece haber duda de que lo que le conviene al ciudadano es que el Estado no intervenga en los procesos productivos, sino que deje esas tareas a la sociedad civil.

Ello no quiere decir que el Estado deba abstenerse siempre de convertirse en empresario y producir algunos bienes y servicios, sino que debe desempeñar ese papel excepcionalmente, y si es posible mediante la contratación de terceros, a los que se les pueda exigir resultados. Si, por ejemplo, un remoto caserío necesita agua, electricidad, teléfono, servicios médicos y escuela, elementos que la empresa privada no se encuentra en disposición de proporcionar, el Estado debe buscar la manera, directa o indirectamente, de llevar esos servicios a los habitantes del lugar. Es lo que se ha dado en llamar el principio de subsidiariedad.

Capitalismo bueno y malo

Este análisis, sin embargo, nos precipita a reflexionar sobre varias preguntas cruciales: ¿por qué los latinoamericanos, pese a contar, en general, con un sistema privado de economía, constituyen el segmento más pobre y atrasado de Occidente? ¿Por qué en sus universidades y centros tecnológicos, algunos de ellos con cuatrocientos años de existencia, apenas se producen hallazgos significativos? ¿Por qué casi la mitad de la población latinoamericana vive en la miseria? ¿Por qué -en suma-el sistema de libre empresa ha dado tan pobres resultados en nuestro mundo si se contrasta, por ejemplo, con el éxito de los países escandinavos o con Canadá y Estados Unidos, estas últimas las otras dos grandes expresiones europeas del otro lado del Atlántico?

En realidad, casi todas esas preguntas ya fueron respondidas, indirectamente, en un excelente libro, Good Capitalism/Bad Capitalism, escrito por los economistas norteamericanos William J. Baumol, Robert E. Litan y Carl J. Schramm, publicado en el 2007 por Yale University Press. El título agrega algo más para explicar de qué se trata: "La economía del crecimiento y la prosperidad". Y la tesis es sencilla de entender: el hecho de que exista propiedad privada y mercado no genera necesariamente desarrollo. En Haití y en Holanda hay mercado y propiedad privada, pero en el primer país la gente se muere de hambre y en el otro las grandes preocupaciones comienzan a ser la obesidad y la longevidad excesiva.

De acuerdo con la persuasiva explicación de los autores, no hay un capitalismo, sino cuatro, más allá del capitalismo de Estado o comunismo, como sucede en Cuba o en Corea del Norte, que los autores ni siquiera analizan:

  1. El capitalismo mercantilista, donde los funcionarios escogen a los amiguetes ganadores o a los desdichados perdedores.
  2. El capitalismo oligárquico, muy parecido al primero, donde un pequeño grupo de gentes adineradas pone el Estado a su servicio y convierte la actividad económica en un coto cerrado para su único beneficio.
  3. El gran capitalismo o capitalismo de las grandes empresas, donde el poder de los gigantes económicos hace girar la organización de la sociedad en provecho de sus enormes y ubicuos intereses.
  4. El capitalismo empresarial, donde el Estado no asigna privilegios y se limita a crear las condiciones para el surgimiento incesante de empresas, que deben sustentarse en los mercados abiertos y competitivos, gobernados por la agónica búsqueda de innovaciones, mejoras y buenos precios para conquistar a los consumidores.

Este último es el buen capitalismo de que habla el libro, y aunque no existe en estado puro en ninguna parte, es evidente la relación que se advierte entre este modelo de producción y el buen desempeño económico. De diversas maneras y grados, esto es lo que sucede en las veinte naciones más prósperas y desarrolladas del planeta. Los autores, por supuesto, no prometen que el capitalismo empresarial traerá un mundo más justo y equitativo, incluso defienden las virtudes de los desequilibrios como parte del impulso destructor que regenera constantemente al mercado, pero sí advierten que en las naciones que lo practican es donde se observan menores desigualdades. El índice Gini, que mide las diferencias de ingreso en las naciones, demuestra que una sociedad como la danesa, paradigma del capitalismo empresarial, tiene un índice de distribución del ingreso dos veces más equitativo que el de los países latinoamericanos.

En realidad, Good Capitalism/Bad Capitalism no dice nada radicalmente nuevo, pero aporta algo muy importante al debate: una manera muy ordenada y convincente de presentar los argumentos, y lo hace sin recurrir a la jerga complicada de la economía. Otros tres economistas, como el Premio Nobel Douglass C. North, John Joseph Wallis y Barry R. Weingast han ido más allá, esbozando toda una teoría con la que explican más detalladamente las diferencias. Han titulado el importante artículo "A conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History".

En efecto, estos tres notables investigadores retoman el asunto desde un ángulo paralelo y se preguntan por qué sólo un pequeño grupo de naciones, a partir del siglo XVIII y principios del XIX, dio el salto a la modernidad y al progreso creciente, mientras la mayoría no lograba desarrollar mercados vigorosos, sistemas políticos estables y competitivos, y formas de convivencia que estimularan la acumulación de capital humano en beneficio de la mayor parte de la sociedad. Para los autores, es evidente que son muchos los factores que intervienen en este fenómeno (capital acumulado, capital humano, recursos naturales, comercio, situación geográfica...), pero quizás el más importante es la forma en que la sociedad estructura las relaciones humanas y las articula en instituciones que dan forma y sentido a las acciones y vínculos económicos, políticos y religiosos de las personas.

A juicio de estos académicos, durante miles de años los conglomerados humanos, débiles y pequeños, dedicados a la caza o la recolección accidental de frutas y vegetales, se dieron lo que llaman en su ensayo un orden social primitivo, inevitablemente muy elemental, pero suficiente para sostener el tipo de vida trashumante y azarosa que llevaban, probablemente caracterizado por la jefatura de un líder que imponía su criterio sobre el grupo por la fuerza, como sucede entre los primates.

Tras esta larguísima etapa, hace unos 10.000 años, y como consecuencia del desarrollo de la agricultura y el surgimiento de comunidades complejas capaces de generar excedentes y acumular riqueza, sobrevino el orden de acceso limitado, donde la estabilidad, la defensa y el control de la violencia se lograban mediante una especie de acuerdo o pacto en el que el poder controlaba las transacciones económicas y manipulaba las fuerzas políticas y sociales, garantizando las rentas de la clase dirigente mediante el establecimiento de un sistema cerrado o semi-cerrado de transacciones que protegía los intereses del grupo dominante, sistema que, de alguna forma, garantizaba cierto nivel de paz, estabilidad y transmisión más o menos ordenada de la autoridad.

Pero hace apenas 300 años eso comenzó a cambiar en países como Inglaterra, Estados Unidos, Holanda y otras pocas naciones del norte de Europa Occidental, dando paso a unorden de acceso abierto, cuya estabilidad no dependía de la asignación y protección de las rentas de la clase dirigente, sino de la competencia política y económica -la democracia pluripartidista y la economía de mercado protegidas por el Estado de Derecho-, y en el que la sociedad iba creando libremente las instituciones y las organizaciones que necesitaba para sostener esta nueva manera de convivir en el espacio público.

Para los autores de este ensayo seminal, las sociedades que no han superado el orden de acceso limitado -como sucede en casi toda América Latina, agregamos nosotros-manipulan el mercado, generan privilegios y controlan las rentas en beneficio de las élites, con lo que obstruyen a largo plazo el desarrollo científico y económico de las grandes mayorías. Sin embargo, las sociedades basadas en el orden de acceso abierto, mediante la competencia sistemática en los terrenos político y económico, estimulan la movilidad social, el cambio hacia modos de vida cada vez más ricos y confortables para un mayor número de personas y el imparable desarrollo científico y tecnológico.

Es verdad que en ese camino fracasan muchos políticos, y que muchos agentes económicos son destruidos en el mercado por la competencia y por las innovaciones constantes, pero ese mecanismo ya fue explicado por el economista austriaco Joseph Shumpeter: lo llamó "la destrucción creativa del mercado", una fuerza movida por los empresarios, los técnicos y los científicos, verdaderos motores de las sociedades abiertas. La competencia, pues, es la esencia del cambio y del progreso, crea una forma de estabilidad pacífica en perpetua mutación; y aunque genera ganadores y perdedores, ese camino de perpetua lucha por conquistar el favor de los consumidores (y de los electores) logra mejorar nuestras formas de vida constantemente.

El orden de acceso abierto en América Latina

¿Hay algún Estado latinoamericano que pueda, realmente, incluirse entre las sociedades gobernadas dentro de las coordenadas del orden de acceso abierto? Tal vez uno: Chile, y está en la etapa incipiente del proceso. El economista y analista chileno Cristián Larroulet lo ha explicado en un trabajo particularmente valioso y didáctico publicado por Libertad y Desarrollo, el think-tank que él mismo preside: "La lucha contra el populismo: el caso de Chile".

Tras explicar que a lo largo del siglo XX Chile no escapó a "la realidad histórica del populismo", con una economía cerrada y protegida por aranceles que llegaban al 100%, durante el Gobierno de Allende se desató la hiperinflación, cayó el PIB, se dispararon el gasto público y el déficit fiscal, desaparecieron las reservas...; hasta que "la crisis fue total y terminó en un golpe de estado". Pero, continúa afirmando Larroulet: "A partir del Gobierno Militar y durante cuatro gobiernos democráticos, liderados por coaliciones de centro izquierda, Chile cambió su estrategia de desarrollo alejándose del fenómeno populista. Así, hoy es el país más destacado en América Latina por su desarrollo económico gracias a su modelo de economía libre".

Para Larroulet, los cinco mecanismos o medidas de gobierno que han permitido la erradicación del populismo y colocado a Chile en el umbral del primer mundo son:

  1. La autonomía del Banco Central. Cuando se quitó a los políticos el control de la máquina de imprimir dinero, que pasó a manos de los técnicos, se logró controlar la inflación, gran flagelo que castiga, en primer lugar, a los pobres. De acuerdo con la Constitución del país, el Banco Central de Chile es autónomo y no puede prestar dinero al Gobierno.
  2. La disciplina fiscal. También de acuerdo con la Constitución, el Parlamento no puede proponer impuestos ni aumentar el gasto público, prerrogativas que sólo competen al Ejecutivo. La función del poder legislativo es controlar el desempeño del sector público y la ejecución de los presupuestos, pero nada más. El objetivo es que exista un balance entre ingresos y gastos, con una cuenta de reserva que se engrosa durante los periodos de bonanza económica -como sucede ahora por los altos precios del cobre-, para utilizar esos fondos cuando sobrevienen los ciclos de contracción.
  3. La apertura de la economía. Chile le ha puesto fin al proteccionismo, abriendo casi totalmente su economía, con un arancel uniforme de apenas el 6%; pero cuando se descuentan los tratados de libre comercio, firmados con economías como Estados Unidos, Europa y Corea, queda realmente en menos del 2%. La economía abierta, por otra parte, obliga a aumentar la productividad y la calidad internas mediante la competencia incesante.
  4. El sistema previsional de ahorro individual. Los trabajadores chilenos, en lugar de cotizar a una caja común para la jubilación, lo hacen en cuentas individuales de ahorro, mediante unas empresas privadas de inversión llamadas AFP, que compiten entre ellas para dar el mejor servicio y el mejor rendimiento. Este mecanismo aumenta notablemente el compromiso de los trabajadores con el sistema de economía privada y reduce la conflictividad laboral. A todos los chilenos, sencillamente, les conviene que la economía marche bien y las empresas prosperen. En un informe rendido por las AFP a fines del 2009 se reveló que ya poseían fondos por valor de más de 130.000 millones de dólares.
  5. La privatización de las empresas y gestiones públicas: los gobernantes chilenos entendieron que el sector privado era mucho más hábil y eficiente como gestor de la economía, y mediante licitaciones fueron privatizadas la mayor parte de las empresas estatales (no así la explotación del cobre), o se concesionaron a compañías de la sociedad civil.

Obsérvese, sin embargo, que ninguna de estas medidas hubiera podido ponerse en marcha, y luego mantenerse, sin la existencia de un Estado lo suficientemente fuerte como para ser capaz de diseñarlas en el Parlamento y, posteriormente, de tutelarlas mediante la labor de un poder judicial independiente, apto para garantizar los derechos y dirimir los inevitables conflictos.

No es posible exagerar la extrema importancia que tiene la existencia de un poder judicial competente, ágil e independiente para el sostenimiento del orden de acceso abierto. Éste, sencillamente, no es posible sin la existencia de un vigoroso sistema para impartir justicia imparcialmente. De ahí que resulte suicida el constante intento de los gobiernos latinoamericanos por controlar el poder judicial: con esa práctica no sólo debilitan la columna de fuste del desarrollo y la modernidad, sino que se colocan al cuello la soga con que serán ahorcados cuando cambien las élites y sean otros los que controlen y manipulen los tribunales.

¿Podrá Chile mantener el orden de acceso abierto de manera permanente? Por ahora, eso parece. Por otro lado, no se trata de la única nación de nuestra cultura cuya clase dirigente ha conseguido desprenderse de la vieja tradición populista, típica del orden de acceso limitado. España, unos años antes que Chile, consiguió transitar en la misma dirección exitosamente. Hoy son pocas las personas en España que no están de acuerdo en el papel beneficioso de la apertura y la competencia, en la importancia de la ortodoxia en el manejo de las cuentas públicas y en los roles que les corresponden al Estado y a la sociedad. Si España hoy forma parte del Primer Mundo, no hay razón alguna para que Chile, si persiste, no logre el mismo resultado.

El Estado, la protección del débil y la sociedad civil

¿Y qué sucede con los pobres? Al fin y al cabo, entre un 40 y un 50% de la población latinoamericana es clasificada como pobre o muy pobre. En realidad, el caso de Chile es un buen ejemplo de cómo el orden de acceso abierto, fundado en la competencia, la primacía económica de la empresa privada y los métodos democráticos, disminuye sustancialmente los niveles de pobreza y tiende a la creación de clases medias, verdadero sostén de este tipo de sociedad. A mediados de la década de los ochenta el 42% de los chilenos caía en la categoría de pobre. En el 2007 ese porcentaje había disminuido hasta el 12. Ello explica la alta legitimidad que el sistema ha logrado entre los chilenos.

Sin embargo, siempre es útil recordar un par de principios básicos para poder entender el rol del Estado. El primero tiene que ver con el volumen del gasto social. Los socialistas de cualquier color e intensidad suelen medir la eficiencia y la eticidad del Estado por el nivel del gasto público. De acuerdo con ese arbitrario baremo, un gasto social elevado es la muestra de la existencia de un Estado más atento a las necesidades del ciudadano.

En realidad, sucede lo contrario: un gasto social elevado sólo demuestra que el Estado ha secuestrado las responsabilidades que les corresponde asumir a los individuos, fenómeno que, con frecuencia, es la consecuencia de sociedades en las que las personas no encuentran oportunidades de ganarse la vida. Esa expresión es clave para entender lo que trato de expresar: ganarse la vida quiere decir no tener que depender del Estado para poder alimentarse, tener techo, cuidar a la familia, etcétera.

El otro principio básico es que constituye un error suprimir el altruismo de las personas y sustituirlo por las burocracias públicas. El altruismo, el instinto de ayudar al prójimo, es una pulsión natural que, en mayor o menor grado, yace en casi todos los seres humanos. Obviamente, el Estado que lo estimula es mucho más eficiente que el que lo suplanta. Me explico: en cualquier sociedad hay millares de niños huérfanos o abandonados, ancianos desvalidos, débiles mentales, enfermos sin recursos, minusválidos, adictos al alcohol o a sustancias que destruyen la capacidad de trabajar, madres solteras pobres y otro sinfín de personas sumidas en la desesperación. A todas ellas es importante socorrerlas, y cualquier sociedad en la que valga la pena vivir tiene que hacer un gran esfuerzo para ejercer la compasión; pero cualquiera que tenga alguna experiencia en el auxilio a personas necesitadas sabe que es en el ámbito privado donde mejor se realiza esa tarea.

Bill Gates, quien ha donado a una fundación caritativa las cuatro quintas partes de su inmensa fortuna, y dedica ese dinero a múltiples obras tan útiles como vacunar a los niños africanos, es también un defensor señero de lo que hoy se llama responsabilidad social corporativa. Es decir, alienta el compromiso de las empresas con los problemas de la sociedad, y las insta a que dediquen una parte de sus beneficios a aliviar los males que aquejan a numerosas personas, convencido de que un mundo más saludable, educado y productivo es un lugar mucho más pacífico y habitable, a lo que puede agregarse el legítimo interés personal: a todos nos beneficia que los pobres se conviertan en clases medias productivas y consumidoras.

En Estados Unidos, además del aporte de las iglesias, las organizaciones cívicas -Kiwanis, Leones, Caballeros de Colón, Cruz Roja, etc.-y miles de ONG, cada vez son más las empresas que prestan su expertise, su eficiencia, sus recursos y su personal a la solución problemas concretos que afectan a la comunidad, como, por ejemplo, la mala calidad de la enseñanza que se imparte en ciertas escuelas públicas situadas en zonas deprimidas.

¿Qué debe, pues, hacer un Estado realmente eficiente en materia de asistencia social? Debe aplicar exactamente el mismo principio de subsidiariedad que regula el resto de gastos e inversiones públicas: debe potenciar la energía altruista de la sociedad civil, pactar con las instituciones y las personas del ámbito privado las tareas que hay que desarrollar, encaminar sus acciones y reservarse para aquellas zonas en las que sólo pueda actuar la mano de la burocracia pública, a veces necesaria, pero casi siempre torpe y costosa. A la frase del Nuevo Testamento atribuida a Jesús: "Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios", acaso debe agregársele unas palabras clave: "Y a la sociedad lo que es de la sociedad".


http://www.libertaddigital.com/ilustracion_liberal/articulo.php/937

miércoles, 15 de septiembre de 2010

Privilegismo

Por NICOMEDES ZULOAGA

Este artículo de Zuloaga fue publicado por La Esfera en el inicio de los tiempos de la democracia socialista del puntofijismo (LE 06-JUN-1961). Los venezolanos no aprendieron entonces, pero lo que es peor, aún se niegan a aprender.

En la terminología de Marx y Engels, los términos “Socialismo y Comunismo” son sinónimos. Hasta 1917 ningún marxista se atrevió a establecer una diferencia entre ambos. En esa época, quienes consideraban como su evangelio al Manifiesto Comunista se denominaban simplemente “socialistas.” Cierto es que Marx, en su Crítica al Programa de Gotha, establece que hay una fase primera e inferior y otra segunda y superior del socialismo, pero nunca las distinguió como socialista la primera y comunista la segunda. Sólo cuando en la primera etapa de la revolución rusa se recrudeció la lucha entre los de la minoría o parlamentarios (mensheviks) y los de la mayoría o revolucionarios (bolsheviks), aparece el término “comunista” para designar a estos últimos. Y cuando posteriormente Lenin constituyó la Tercera Internacional para exportar su forma violenta de revolución socialista, la denominó Tercera Internacional “Comunista.” Hoy en día, los soviets tratan de distinguir entre ambos vocablos, aludiendo al Socialismo como una etapa anterior del Comunismo, pero el propio nombre de Rusia los traiciona. Ellos no se denominan comunistas, son la Unión de Repúblicas “Socialistas” Soviéticas.

Hay muchas especies de Socialismo: El ruso o burocrático; el nazista o de economía compulsiva; el fascista o corporativo; el utópico, el científico, el fabiano, etc., pero todos ellos están de acuerdo en la tesis fundamental: En la propiedad por el Estado de los factores de producción.

En nuestra situación política partidista no hay una verdadera discusión sobre el asunto. Todos los partidos son socialistas. Sus líderes, muchos de buena fe, muchos amigos míos, defienden al socialismo no por él mismo, sino como la única fórmula que conocen para combatir al Capitalismo.

Pero en la Venezuela de nuestros días ser socialista no es necesariamente ser comunista. Aprendimos en estos últimos días que nuestros social cristianos se consideran socialistas cristianos (marxistas que van a misa), que quieren inclusive darle lecciones a sus colegas europeos de como debe manejarse la cosa pública para obtener una verdadera “justicia social.” Nuestro ministro de Minas, también en estos últimos días nos informó que aún cuando en el campo internacional era partidario del cartel y del monopolio (hijos legendarios y odiosos del capitalismo), porque ellos no iban dirigidos sino contra las naciones “ricas” que usan el petróleo como combustible (las que se ponen ropa, por ejemplo), en el campo nacional su partido era socialista. En otras palabras, que en su concepto el Capitalismo era bueno sólo cuando se constituyera la compañía anónima “Venezuela S.A.” y lo explotara debidamente. En cuanto a la desintegración amarilla (URD), en el campo ideológico ellos nunca han sido realmente nada, aunque de vez en cuando, según y como las circunstancias, sus líderes han ido del Fidelismo al Burguesismo. Pero todos ellos, sin excepción, dicen no ser comunistas. Todos están de acuerdo, sin embargo, en que son definitivamente anticapitalistas.

Ahora bien, a mí se me hace que los líderes influyentes de esos partidos critican a ese Capitalismo sin conocerlo. Lo identifican con el sistema económico privilegista que ha existido en casi todos los países de América Latina, en los cuales las fortunas no han sido, con muy honrosas excepciones, fruto de haber servido mejor y más barato las más urgentes necesidades del pueblo, sino, muy por el contrario, consecuencia directa y sostenida de un privilegio otorgado por el tirano de turno. No quiero decir con esto que el pecado original del privilegio se transmita por ósmosis a quienes posteriormente han concurrido al mercado, ya cerrado, para echar a perder el festín del primer privilegiado, pero es evidente por lo menos que los beneficios así obtenidos no pueden calificarse como “capitalistas.” Esos líderes han conocido al Capitalismo sólo a través de sus críticos irracionales, los marxistas, sin preocuparse nunca de averiguar en forma científica y objetiva si esas críticas eran realmente fundadas. Ellos han confundido, repito, al Capitalismo con el Privilegismo.

Consideran odiosa la posición de quien se atreve a defender hoy una economía de mercado, porque creen que quien lo hace es movido sólo por un interés clasista, para defender el privilegio, sin darse cuenta de que mediante ese sistema no solamente acabaríamos con esos privilegios de origen tiránico, sino también con aquellos otros hoy más de moda, los de origen partidista.

La democracia, para mí, no es un fin en si misma. Es sólo el único método pacífico para cambiar de gobernantes. Ella no garantiza que los mejores sean elegidos para la función pública, pero tampoco lo garantiza ningún otro sistema. Los elegidos que hoy gobiernan y quienes pueden ser escogidos en los próximos comicios, están en el deber ineludible de estudiar objetivamente y comprender todos los sistemas político-económicos que ha ensayado la humanidad, para poder así, con verdadero conocimiento de causa, valorar y preferir entre ellos, aún cuando esto signifique tropezar con palabras raras que posiblemente no se encuentren ni en el diccionario presidencial, como “cataláctica.”

Para mí no cabe duda, Moral y Luces siguen siendo nuestras primeras necesidades.