domingo, 12 de diciembre de 2010

Ayn Rand: Sobre la naturaleza de un gobierno

Un gobierno es una institución que posee el poder exclusivo de forzar ciertas reglas de conducta social en un área geográfica.


¿Necesitan los hombres tal institución y por qué?

Ya que la mente del hombre es su herramienta básica para sobrevivir, su instrumento para obtener conocimientos y guiar sus acciones, la condición básica que necesita es la libertad de pensar y actuar de acuerdo con su juicio racional. Esto no quiere decir que el hombre debe vivir solo y que una isla desierta es el ambiente que mejor satisface sus necesidades. El hombre puede derivar beneficios enormes de la cooperación con otros. El ambiente social es el que más conduce para su supervivencia exitosa, pero solamente en ciertas condiciones.

"Los dos grandes valores que se pueden obtener de la existencia social son: conocimientos e intercambio. El hombre es la única especie que puede transmitir y expandir cúmulos de conocimientos de generación en generación; los conocimientos que potencialmente están al alcance del hombre son mucho mayores que lo que un solo hombre pudiese comenzar a adquirir en una vida; cada hombre obtiene beneficios incalculables de los conocimientos descubiertos por otros. El segundo gran beneficio es la división del trabajo: permite que un hombre dedique su esfuerzo a un campo particular de trabajo y que intercambie con otros, quienes se especializan en otros campos. Esta forma de cooperación permite a todos los hombres que participan en ella adquirir mayores conocimientos, destreza y beneficios productivos de su trabajo que lo que lograrían si cada uno tuviera que producir todo lo que necesita, ya en una isla desierta o en una unidad agrícola autosuficiente.

"Pero estos mismos beneficios indican, delimitan y definen qué clase de hombres pueden ser de valor uno para el otro, y en qué clase de sociedad: únicamente hombres racionales, productivos e independientes, en una sociedad racional, productiva y libre". (The Objectivist Effects).

Una sociedad que roba al individuo el producto de su esfuerzo, o lo esclaviza, o pretende limitar la libertad de su mente, o le obliga a actuar en contra de su juicio personal una sociedad que establece un conflicto entre sus leyes y los requerimientos de la naturaleza del hombre no es, hablando estrictamente, una sociedad, sino una chusma unida por leyes de pandilla institucionalizada.

Tal sociedad destruye todos los valores de la coexistencia humana, no tiene justificación posible y representa, no una fuente de beneficio, sino la amenaza más mortal incomparablemente a la supervivencia del hombre. La vida en una isla desierta, es más segura y preferible a la existencia en la Rusia soviética o en la Alemania nazi.

Si los hombres han de vivir juntos en una sociedad pacífica, productiva y racional, y tratar uno con el otro para beneficio mutuo, tienen que aceptar el principio básico social, sin el cual no es posible una sociedad moral o civilizada: el principio de los derechos individuales.

Reconocer los derechos individuales significa reconocer y aceptar las condiciones que requiere el hombre por su naturaleza para sobrevivir adecuadamente.

Los derechos del hombre pueden ser violados únicamente por la fuerza física. Es únicamente por medio de la fuerza física que un hombre puede quitarle a otro la vida o esclavizarlo o robarle, o impedir que otro persiga sus propias finalidades, u obligarlo a actuar contra su propio juicio racional.

La precondición de una sociedad civilizada es la prohibición de la fuerza física en las relaciones sociales, estableciendo así el principio que si el hombre desea tratar uno con el otro, puede hacerlo únicamente por medio de la razón: mediante discusión, persuasión y acuerdo voluntario sin coerción. La consecuencia necesaria del derecho del hombre a su vida, es su derecho a defenderse. En una sociedad civilizada la fuerza puede utilizarse únicamente en vía de represalia y únicamente contra aquellos que iniciaron su uso. Todas las razones que convierten la iniciación de fuerza física en un mal, convierten el uso de la fuerza física en vía de represalia, un imperativo moral.

Si una sociedad "pacifista" renunciara al uso de la fuerza en vía de represalia, ella quedaría inútilmente a la merced del primer rufián que decidiese actuar inmoralmente. Tal sociedad lograría lo opuesto a su propia intención: en vez de abolir el mal, lo fomentaría y gratificaría.

Si una sociedad no provee protección organizada contra la fuerza, obligaría a cada ciudadano a vivir armado, convertir su hogar en una fortaleza, y disparar a los extraños que se acercasen a su puerta, o a asociarse a una pandilla de ciudadanos para protegerse, quienes pelearían con otras pandillas, formadas para el mismo propósito, y así traería la degeneración de esa sociedad al caos: al dominio por pandilla, es decir, gobierno por fuerza bruta, hacia la guerrilla de tribu típica de salvajes prehistóricos.

El uso de la fuerza física aun en vía de represalia no puede dejarse a la discreción de los ciudadanos individuales. La coexistencia pacífica es imposible si el hombre tiene que vivir bajo la amenaza constante del uso de la fuerza bruta por parte de sus vecinos en cualquier momento. Ya sea que las intenciones de sus vecinos sean buenas o malas, que sus juicios sean racionales o irracionales, que estén motivados por un sentido de justicia o por ignorancia o prejuicio o malicia, el uso de la fuerza contra un hombre no puede dejarse a la decisión arbitraria de otro.

Visualice, por ejemplo, qué pasaría si un hombre perdiese su cartera, concluyese que se la han robado, y entrase en todas las casas del vecindario a buscarla, matando al primer hombre que le mirase en forma sospechosa, tomando tal mirada como prueba de culpabilidad.

El uso de la fuerza de represalia requiere reglas objetivas para establecer pruebas de que un crimen ha sido cometido y probar quién lo ha cometido, así como también reglas objetivas para definir castigos y procedimientos para implementarlos. Los hombres que pretenden perseguir crímenes sin tales reglas, constituyen una chusma furiosa. Si una sociedad dejase el uso de la fuerza represiva en las manos de ciudadanos individuales, degeneraría hacia la ley de la jungla y hacia una serie interminable de vendetas y guerras privadas.

Si la fuerza física va a ser excluida de las relaciones sociales, el hombre necesita una institución encargada de la tarea de proteger sus derechos y supeditada a un código objetivo de reglas.

Esta es la función de un Gobierno de un legítimo Gobierno, su función primordial, su única justificación moral y la razón por la cual los hombres sí necesitan un gobierno.

Un gobierno es el medio que coloca el uso de la fuerza física represiva bajo el control objetivo. Es decir, bajo leyes definidas objetivamente.

La diferencia fundamental entre una acción privada y una acción gubernamental, una diferencia completamente ignorada y evadida hoy día descansa en el hecho que el gobierno tiene el monopolio del uso legal de la fuerza física. Tiene que tener tal monopolio, ya que es el agente para restringir y combatir el uso de la fuerza y, por esa misma razón, sus acciones tienen que ser rígidamente definidas, delimitadas, y circunscritas; ni el más ligero capricho o antojo debe serle permitido en el cumplimiento de sus obligaciones; debe actuar como robot impersonal, con la ley como su única fuerza motivadora. Si una sociedad ha de ser libre, su gobierno tiene que estar controlado.

Bajo un sistema social adecuado, un individuo particular es legalmente libre para tomar cualquier acción que desea, siempre que no viole los derechos de otros, mientras que un funcionario gubernamental está limitado por ley en cada uno de sus actos oficiales. Una persona individual puede hacer todo aquello excepto lo que está legalmente prohibido; un funcionario gubernamental no puede hacer nada excepto aquello que está legalmente permitido.

Esta es la manera de subordinar la "fuerza" al "derecho". Éste es el concepto estadounidense de "un gobierno de leyes y no de hombres".

La naturaleza de las leyes propias a una sociedad libre y de la fuente de la autoridad gubernamental, se derivan de la naturaleza o propósito de un gobierno adecuado. El principio básico de ambas está indicado en la Declaración de Independencia: "para afianzar estos derechos (individuales), los hombres instituyen gobiernos derivando su justo poder del consentimiento de los gobernados...".

Ya que la protección de los derechos individuales es la única función propia de un gobierno, igualmente la es la única función impropia de la legislación: todas las leyes deben estar basadas en los derechos individuales y dirigidas hacia su protección. Todas las leyes deben ser objetivas (y objetivamente justificables): los hombres deben saber claramente y con anticipación a sus actos, lo que la ley les prohibe hacer (y por qué), qué constituye un delito y cuál es el castigo que sufrirán sí lo cometen.

La fuente de autoridad del gobierno es "el consentimiento de los gobernados". Esto quiere decir que el gobierno no es el mandante, sino el que sirve, el mandatario, o sea un agente de los ciudadanos; eso significa que el gobierno como tal no tiene más derechos excepto los derechos delegados en él por los ciudadanos para un objeto específico.

Existe únicamente un principio básico, al cual el individuo debe consentir si desea vivir en una sociedad libre y civilizada: el principio de renunciar al uso de la fuerza física y delegarle al gobierno su derecho de autodefensa, con objeto de que la implementación sea ordenada, objetiva y legalmente definida, O, poniéndolo de otra manera, debe aceptar la separación de la fuerza y el capricho (cualquier capricho, incluyendo los propios).

Pues bien, ¿qué sucede en caso de desacuerdo entre dos hombres referente a alguna actividad en la cual ambos están involucrados? En una sociedad libre, los hombres no están obligados a tratar unos con los otros. Ellos lo hacen únicamente por acuerdo voluntario y, cuando existe un elemento de tiempo, mediante contrato. Si un contrato es quebrantado por la decisión arbitraria de un hombre, puede causarle daños financieros desastrosos al otro, y la víctima no tendría otro recurso que arrebatarle al que lo ha ofendido su propiedad en vía de compensación. Pero nuevamente, el uso de la fuerza no puede dejarse sujeto a la decisión de individuos particulares. Y esto nos lleva a una de las funciones más importantes y más complejas de un gobierno: la función de árbitro que arregla disputas entre los hombres de acuerdo con leyes objetivas.

Los delincuentes son una pequeña minoría en cualquier sociedad semicivilizada. Pero la protección e implementación de contratos a través de cortes de ley civil, es la necesidad más crucial de una sociedad pacífica; pues, sin tal protección, ninguna civilización podría ser desarrollada o mantenida.

El hombre no puede sobrevivir, como lo hacen los animales, actuando bajo el impulso del momento inmediato. El hombre tiene que proyectar sus finalidades y alcanzarlas a través del tiempo; tiene que calcular sus actos y planificar su vida a largo plazo. Mientras mejor sea la mente del hombre y mientras mayor sus conocimientos, mayor el plazo de su planificación.

Mientras más elevada y compleja una civilización, mayor será el plazo de sus actividades y, por lo tanto, mayor será el plazo de los acuerdos contractuales entre los hombres, y más urgente será su necesidad de proteger la seguridad de tales acuerdos. Y aun una necesidad primitiva a base de trueque no podría funcionar si un hombre, después de haber acordado entregar un quintal de papas a cambio de una canasta de huevos, y después de haber recibido los huevos, rehusara entregar las papas. Visualice las consecuencias de este tipo de acción caprichosa en una sociedad industrializada, donde los hombres entregan millones de dólares de bienes al crédito, o contratan las construcciones de miles de millones, o firman contratos a noventa años. 

El rompimiento unilateral de un contrato involucra el uso indirecto de la fuerza física: consiste, en esencia, en que un hombre recibe valores materiales, bienes o servicios de otro, y entonces rehusa pagar por ellos reteniéndolos por la fuerza (por la mera posesión física), y no por derecho, es decir, que los guarda sin el consentimiento de su dueño. El fraude involucra un uso similar indirecto de la fuerza: consiste en obtener valores materiales sin el consentimiento del dueño bajo premisas o pretensiones falsas. La extorsión es otra variante del uso indirecto de la fuerza: consiste en obtener valores materiales, no a cambio de valores, sino mediante la amenaza, fuerza, violencia o daño. Algunas de estas acciones evidentemente son criminales. Otras, como el rompimiento unilateral de un contrato, puede que no esté motivada criminalmente, pero puede ser causada por irresponsabilidad o irracionalidad. Otros podrán ser asuntos complejos con algo de justicia en ambos lados. Pero sea el caso que fuere, todas esas disputas tienen que sujetarse a leyes objetivamente definidas y tienen que ser resueltas por un árbitro imparcial, aplicando las leyes, en otras palabras, por un juez (y un jurado cuando corresponde). Obsérvese el principio básico que rige a la justicia en todos estos casos: es el principio que ningún hombre puede obtener valores de otros sin el consentimiento del dueño y, como corolario, que los derechos del hombre no pueden abandonarse a la suerte de la decisión unilateral, el juicio arbitrario, o el capricho y juicio irracional de otro hombre.

Tal en esencia, es el fin propio de un gobierno: hacer la existencia social posible a los hombres, mediante la protección de los beneficios y combatiendo los males que los hombres pueden causarse unos a otros.

La función propia de un gobierno cae dentro de tres amplias categorías, todas las cuales involucran el punto del uso de la fuerza y la protección de los derechos del hombre: la Policía, para proteger a los hombres de los criminales; las Fuerzas Armadas, para proteger a los hombres de invasores extranjeros; las Cortes, para decidir disputas de acuerdo con leyes objetivas.

De estas tres categorías se derivan muchas situaciones y corolarios, y su implementación en la práctica, en forma de legislación específica, es enormemente compleja. Pertenece a un campo especial de la ciencia: la filosofía de la ley. Muchos errores y muchos desacuerdos son posibles en el campo de la implementación, pero lo que es esencial aquí, es el principio que ha de implementarse: el principio que el objeto de la ley de un gobierno es la protección de derechos individuales.

Hoy, ese principio está olvidado, ignorado y evadido. El resultado es el presente estado del mundo, con la regresión de la humanidad hacia la tiranía absolutista sin ley, hacia el salvajismo primitivo de gobierno por la fuerza bruta.

En actitud de protesta insensata contra esta tendencia, algunas personas presentan la cuestión de que siendo tales gobiernos tan malos por naturaleza, si no será la anarquía el sistema social ideal. La anarquía, como concepto político, es una abstracción que flota ingenuamente: por todas las razones discutidas antes, una sociedad sin un gobierno organizado estaría a merced del primer criminal que llegase, el cual la precipitaría hacia el caos de las guerrillas pandilleras. Pero la posibilidad de inmoralidad humana no es la única objeción a la anarquía: aún en una sociedad donde cada uno de sus miembros fuese completamente racional y sin tacha moral, no podría funcionar en estado de anarquía, es la necesidad de leyes objetivasy de un árbitro para desacuerdos honrados dentro de los hombres que crea la necesidad de establecer un gobierno.

Una variante reciente de la teoría anarquista, que está confundiendo a algunos jóvenes que abogan por la libertad, es el espantoso absurdo llamado "gobiernos en competencia". Aceptando la premisa básica de los modernos estatistas que no ven la diferencia entre las funciones de un gobierno y la función de la industria, entre la fuerza y la producción, y que abogan por la propiedad estatal de los negocios, los proponentes de "gobiernos en competencia" toman el otro lado de la misma moneda y declaran que ya que la competencia es tan beneficiosa para los negocios, debería aplicarse también a los gobiernos. En vez de un solo gobierno monopolista, declaran, debiera existir un número de diferentes gobiernos en la misma área geográfica, compitiendo por la lealtad de los ciudadanos individuales, dejando a cada ciudadano libre de escoger y estar con el gobierno que escoge.

Recordemos que el control del hombre por la fuerza es el único servicio que un gobierno puede ofrecer. Pregúntese qué significaría la competencia en control forzoso.

No puede llamársele a esto una teoría contradictoria en terminología, ya que evidentemente carece de comprensión de los términos "competencias" y "gobierno". Tampoco puede llamársele una abstracción flotante, ya que es carente de cualquier contacto o referencia a la realidad y no puede concretarse, ni siquiera en forma aproximada. Una ilustración será suficiente: supongamos que el Sr. Smith, un cliente del gobierno "A", sospecha que su vecino, el Sr. Jones, quien es cliente del gobierno "E", le ha robado; un destacamento de la policía "A" llega a la casa del Sr. Jones y encuentran en la puerta un destacamento de la policía "B", que declara que no aceptan la validez de la acusación del Sr. Smith y que no reconocen la autoridad del gobierno "A". ¿Qué sucede entonces? Siga usted adelante con el ejemplo.

La evolución del concepto del gobierno ha tenido una larga y difícil historia. Alguna idea de la función propia de un gobierno parece haber existido en toda sociedad organizada, manifestándose en un fenómeno tal como el reconocimiento implícito (aunque a veces no existente) de la diferencia entre un gobierno y una pandilla la aureola de respeto y de autoridad moral otorgada a un gobierno como el guardián de la "ley y el orden", el hecho que aun los gobiernos más malos reconocieron la necesidad de mantener alguna apariencia de orden y alguna pretensión de justicia, aunque fuese únicamente rutina y tradición, y de proclamar más de alguna justificación moral por su poder, ya de naturaleza mística o social. Así como los monarcas absolutos de Francia tuvieron que invocar "Los Derechos Divinos de Los Reyes", los dictadores modernos de la Rusia soviética tienen que gastar fortunas en propaganda para justificar su poder ante los ojos de los sujetos esclavizados.

En la historia del hombre, la comprensión de la propia función de un gobierno es de logro reciente. Únicamente tiene 200 años de edad y data de la revolución estadounidense. No solamente identificaron la naturaleza y la necesidad de una sociedad libre, sino encontraron la manera de traducirla a la práctica. Una sociedad libre como cualquier otro producto humano no puede obtenerse por casualidad, mediante el mero deseo ni sólo por la "buena voluntad" de sus líderes.

Un complejo sistema legal, basado en principios de validez objetivos, son requeridos para hacer una sociedad libre y mantenerla libre, un sistema que no depende de las motivaciones, del carácter moral o de las intenciones de algún funcionario público, un sistema que no ofrece oportunidad ni "salidas" para el desarrollo de la tiranía.

El sistema estadounidense de poderes balanceados y limitados consistió en tal hazaña. Y aunque ciertas contradicciones en la Constitución sí dejaron algunas salidas para el crecimiento del estatismo, la hazaña incomparable fue el concepto de una Constitución como medio para limitar y restringir el poder del gobierno.

Hoy día, cuando se está haciendo un gran esfuerzo conjunto para borrar este punto, no se puede repetir con demasiada frecuencia que la Constitución es una limitación al gobierno y no al individuo particular que no ordena la conducta del individuo particular, sino únicamente la conducta de un gobierno-, que no es una carta para poder estatal, sino una carta de protección ciudadana contra el gobierno.

Ahora considere la generalización del concepto moral y político invertido en el concepto prevaleciente de gobierno. En vez de ser un protector de los derechos del hombre, el gobierno se está convirtiendo en el violador más peligroso; en vez de guardar la libertad, los gobiernos están estableciendo esclavitud; en vez de proteger a los hombres de los iniciadores de la fuerza física, los gobiernos están iniciando la fuerza física y coerción en la forma y en los casos que le place. En vez de servir como el instrumento de objetividad en las relaciones humanas, los gobiernos están creando un mortal y subterráneo reinado de la inseguridad y miedo, mediante leyes no objetivas, cuya interpretación se deja a las decisiones arbitrarias de burócratas ocasionales; en vez de proteger a los hombres del daño por caprichos, los gobiernos se abrogan el poder del capricho ilimitado, en tal forma que rápidamente estamos llegando a la etapa de última inversión: la etapa cuando el gobierno es libre de hacer cualquier cosa que le plazca, mientras los ciudadanos actúan únicamente por permiso; que es la etapa de los períodos más oscuros de la historia humana, la etapa de gobierno por la fuerza bruta.

Muchas veces se ha mencionado que a pesar del progreso material, la humanidad no ha alcanzado un grado comparable de progreso moral. Tal expresión generalmente es seguida por alguna conclusión pesimista referente a la naturaleza humana. Es cierto que el estado moral de la humanidad es vergonzosamente bajo. Pero cuando uno considera las monstruosas inversiones morales de los gobiernos (hechas posibles por una moralidad altruista colectivista), bajo la cual la humanidad ha tenido que vivir a través de la mayor parte de su historia, uno principia a asombrarse cómo los hombres han logrado preservar aún un semblante de civilización, y cual vestigio indestructible de autoestimación, lo ha mantenido caminando sobre dos pies.

Uno también principia a ver más claro la naturaleza de los principios políticos que tienen que llegarse a aceptar y a advocar, como parte de la batalla, por el renacimiento intelectual del hombre.

sábado, 11 de diciembre de 2010

La Trampa de Bien Común

Por Alberto Mansueti

La noción de que “el bien común es superior al bien individual” esconde una trampa semántica. Consiste en suponer al individuo como contrario al bien común de la sociedad, y al Estado como representante exclusivo del mismo, e identificado con él, y a la empresa y entes privados con el bien particular o individual. Y de allí concluir que por causa del bien común puede y debe el Estado ser propietario y administrador de fundos, comercios e industrias, bancos, escuelas y hospitales, cajas de pensión, etc., y dominador y reglamentador de ese tipo de instituciones cuando son privadas. Es toda una cadena de razonamientos falaces, disimulados en expresiones confusas y engañosas, típicos del adoctrinamiento socialista.

En realidad el Estado contribuye al bien común, cumpliendo sus funciones propias: en la defensa y policía, ministrando justicia, y contratando las obras públicas. Pero también las empresas privadas contribuyen no menos al bien común, cumpliendo las suyas, en el mercado libre y competitivo, sin castigos ni premios (privilegios) estatales. E igualmente los centros educativos y médicos, cajas de pensión, etc. Sin embargo, todo esto oculta la trampa semántica.

Y si reemplazamos la expresión bien común por “interés colectivo” o “público” es lo mismo: otras tantas expresiones que admiten malinterpretaciones tramposas. Es de interés público que el Estado cumpla bien sus funciones propias; pero también que lo hagan las empresas e instituciones, educativas, médicas, etc., para lo cual deben ser privadas, libres y competitivas. El Estado no es dueño exclusivo del interés público.

El concepto de “justicia social” envuelve otra trampa mayor si cabe: se hace equivaler a igualdad, y a ese fin se atribuye la Estado la función de redistribuir la riqueza.

En realidad somos desde la cuna desiguales, en todo: salud, familia, físico, carácter, capacidades e inclinaciones individuales, fortuna y economía personales, etc. (Y en nuestro destino eterno somos mucho más desiguales todavía ...) Y el Estado no puede hacernos iguales, salvo ante la ley, y eso sólo si es una sola ley igual para todos, no como en el Estado redistribuidor: millares de leyes distintas para millares de gentes (distintas). Leyes que no les quitan a los ricos para darles a los pobres, ¡embuste! nos quitan a todos para darle al Estado y a sus funcionarios, empleados, allegados y favorecidos, tal y como la Biblia lo anticipa proféticamente en I Samuel 8, condenando al Estado redistribuidor.

Los males de Venezuela y Latinoamérica han sido los partidos socialdemócratas, que compraron la trampa de la justicia social, y nos vendieron socialismo democrático disfrazado de “democracia social” -otro fraude semántico-; y los democristianos, que compraron la del bien común, y después asumieron que “la justicia social es expresión del bien común”, y se quedaron iguales a los anteriores. Iguales de tramposos y mentirosos, ladrones y destructivos. Son los padres de nuestras desgracias.

viernes, 3 de diciembre de 2010

Neo "Liberalismo" y el Consenso de Washington

Por Alberto Mansueti

¿Sabe Ud. qué es mal llamado “Neo” liberalismo? De liberalismo verdadero tiene muy poco y nada. Comenzó con un libro: “IMF Conditionality” (1984), que explicaba las “condiciones” que el FMI impone a los Gobiernos para sus préstamos. Su autor, el economista John Williamson, expuso el recetario que después redactó en 1989, y que resumía en diez “Recomendaciones de Política”.

Y hubo consenso. ¿De quién? De los burócratas funcionarios del FMI, Banco Mundial y otras organizaciones interestatales y estatistas mundiales y regionales que parasitan en la capital de EEUU.

Algunos de sus preceptos eran buenos: los pocos que eran liberales de verdad. Otros eran regulares, o al menos discutibles, porque podían interpretarse de distinta manera. Y otros eran antiliberales. Y puede enunciarse como un Decálogo de Diez Mandamientos, comenzando cada uno con un verbo. Mire Ud:

1) Imponer disciplina fiscal. O sea: imponer equilibrio de gastos e ingresos de los Gobiernos (¡bien!), pero sin aclarar mucho si era reduciendo gastos, o aumentando ingresos.
2) Reducir las tasas marginales de impuestos, para alentar el crecimiento de la economía privada, y reducir la evasión fiscal, aumentando así la recaudación total. (Este punto aclara el anterior: nada de reducir gastos, ¿se entiende?)
3) Reorientar el gasto público hacia la atención médica básica, la educación primaria y la infraestructura.
4) Liberalizar las tasas de intereses, flexibilizando los mercados financieros.
5) Mantener un tipo de cambio “competitivo”. Es decir: mantener depreciada la moneda nacional, supuestamente para alentar a los exportadores ofreciéndoles una enorme bola de billetes criollos por cada dólar.
6) Eliminar restricciones no arancelarias al comercio exterior (¡bien!), y reducir poco a poco los aranceles hasta un arancel efectivo promedio de 10 % a 20 %.
7) Liberalizar el flujo de inversión extranjera directa.
8) Privatizar los monopolios estatales.
9) Eliminar las barreras a la entrada y a la salida de los mercados nacionales incrementando los niveles de competencia. Esto es: reducir las trabas y enredos legales que por un lado impiden el ingreso de nuevas empresas a los mercados, y por otro lado permiten la permanencia indefinida de empresas ineficientes que de otro modo tendrían que salir, expulsadas por una mejor competencia.
10) Fortalecer los derechos de propiedad privada.

Hasta aquí el famoso “Consenso de Washington”. ¿Es algo bueno? Más o menos. Algunos mandamientos sí, otros no. Y otros son discutibles, en sí mismos o en sus consecuencias e implicaciones:

(1-2) Es buena la disciplina fiscal, pero recortando gastos, no aumentando ingresos. Para ello hay que reducir al Estado a sus funciones esenciales, que son seguridad, justicia y obras públicas. Pero eso NO querían los burócratas.
(3) La jerarquización de las funciones estatales es imprescindible. Y la construcción y mantenimiento de obras públicas son funciones indiscutibles del Estado, después de la seguridad y la justicia. Pero no es claro que la docencia sea función del Estado, y en todo caso la ayuda estatal a la educación de los pobres puede ser con cupones.
(4-5) Es malo dar al Gobierno la facultad de manipular el tipo de interés; pero también es malo dar al Gobierno la facultad de manipular el tipo de cambio.
(6-7 y 9) ¿Por qué no arancel cero? ¿Para qué aranceles? ¿Y por qué desregular los mercados nacionales y la inversión extranjera, pero no la inversión nacional, o la inversión repatriada?
(8) Los monopolios son malos, y por eso es bueno privatizar los monopolios estatales, pero no para que pasen a ser monopolios privados, sino para obligarles a competir.
Además, ¿qué cosa es un monopolio? Monopolio no es una empresa de gran tamaño, ni una empresa que está solitaria en un mercado. Monopolio es una empresa que goza de privilegios especiales otorgados como especiales y exclusivos favores políticos por Gobiernos y Legislaturas, en temas de impuestos, insumos, materias primas, aduanas, seguros, relaciones laborales o con los bancos, etc. Acabar con los monopolios, si de verdad se quiere, es fácil: basta con quitar los privilegios especiales existentes, y abstenerse de otorgar otros nuevos.
(10) El fortalecimiento de los derechos de propiedad exige sistemas de registro de los títulos de propiedad debidamente certificados de manera pública, tal como insiste Hernando de Soto. Pero es mucho más que eso: es reformar el entero sistema de la justicia pública.

Establecer registros de propiedad sin las demás reformas dirigidas principalmente a recortar la obesidad del Estado mediante privatizaciones y desreglamentaciones, y concretarle a sus funciones esenciales ---seguridad, justicia y obras públicas--- significa una sola cosa: cobrar más impuestos para gastar más.

Otra cosa: para ser liberales, las reformas han de ser simultáneas. De lo contrario los gobiernos estatistas harán sólo la parte que les conviene, del modo que les conviene, y para lo que les conviene. Eso hicieron en los ‘90. Y eso es lo que hacen siempre.

La Unidad Popular de Allende y el Polo Patriótico de Chávez

Por Marco Polesel

18/5/2000
La verdad es que las experiencias vividas por el pueblo chileno, en la década de los setenta, con los trágicos y espantosos resultados del experimento socialista de Salvador Allende apoyado por la alianza izquierdista de la Unidad Popular, se están pareciendo muy preocupantemente a la improvisación, confusa ideología política y actuaciones que afloran del neocaudillo izquierdista, iluso e impreparado de Hugo Chávez con su Polo Patriótico.
Parece increíble que con cuarenta años de diferencia se vuelvan a repetir experiencias tan ilógicas, sin sentido y extemporáneas, pero esta vez en Venezuela; es como si no se conociera o se quisiera desconocer lo que sucedió en Chile, cuando un gobierno con ideas socialistas llevó al caos y a una descomposición social y económica verdaderamente salvaje.

Allende y su política incitaban y abiertamente promovían las invasiones, saqueos y posterior expropiaciones de predios en fundos productivos agrícolas, así como la toma de las empresas y negocios comerciales para estatizarlos, controlándolos absolutamente. Era frecuente oír en los discursos de Allende que ``la tierra es de quien la trabaje'', provocando el resentimiento y la lucha de clases, división social que encendió una escalada de violencia sobre todo entre los agricultores y los invasores.
Es increíble que con cuarenta años de diferencia se vuelvan a repetir experiencias tan ilógicas, y extemporáneas, pero esta vez en Venezuela

Medios de comunicación tan importantes como el diario El Mercurio y la Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile fueron objeto de intervenciones y hostigamientos. Allí están las evidencias de los destrozos que hacían los elementos dirigidos por el régimen allendista a instalaciones de pequeñas emisoras de radio en el interior del país, con el mero propósito de crear un clima de terrorismo comunicacional, sobre todo a aquéllos que denunciaban lo que estaba ocurriendo.
La crisis económica, que ya venía siendo una bola de nieve de gobiernos anteriores, se profundizó con la llegada de un gobierno populista que prometía quitarles a unos para darles a otros. Pero la cruda realidad se evidenciaba en las colas que todos los chilenos tenían que hacer para comprar alimentos básicos y, además, de muy mala calidad. El desabastecimiento era de verdad salvaje y las amas de casa se las arreglaban con la permuta de bienes alimenticios. Todo esto fomentado por la prohibición absoluta de importaciones y del control total de precios en todos los productos, aunado al desempleo y la baja productividad de la economía, totalmente estatizada (la realidad era que se le quitaba todo a todos, para no darle nada a nadie).
La sensación de inseguridad era muy grande y se vivía en dos vertientes, una, la violación sistemática del derecho a la propiedad y el marco jurídico existente (constitución); la otra, el terrorismo y la subversión, fomentada y amparada por el gobierno marxista de Allende basándose en la revolución cubana. Se aseguraba que Chile se desarrollaría sobre la base de un sistema comunista, paralelo al cubanosoviético. ¿Sería que Allende vislumbró el mismo mar de felicidad que Chávez?

Mes y medio vivió y se instaló Fidel Castro en Chile, con todos los gastos pagados, haciendo discursos inclusive, organizando la subversión y paseando por todo el país. Por cierto, siempre pedía una bandera chilena en cuanto acto asistía y discurso hacía, pero las únicas banderas que había eran las rojas comunistas. Hasta el antipatriotismo se fomentaba cuando los discursos de Castro con el himno cubano se empezaban, y se llegó inclusive a incorporar en la educación básica y media la doctrina marxista. El ideal era el de ir hacia una ``patria socialista'' y era común ver imágenes del Che Guevara y Castro en todas partes; pero es que el culto era fanáticamente hacia la famosa revolución cubana, extraña cosa que hasta hoy día me cuesta entender, y la cual Chávez defiende.

Al analizar estas dos tesis, podemos concluir que los acontecimientos anteriormente relatados tienen preocupante coincidencia con la realidad actual en Venezuela, y que el factor de coincidencia es Fidel Castro, que otra vez infecta ideológicamente a otra debilitada nación latinoamericana a través de un líder que surge del resentimiento, la amargura, la decepción y la desesperación de un pueblo que fácilmente queda encantado con promesas y discursos idealistas que ya cumplen 40 años de decadencia.



Magíster en gestión y políticas públicas por la Universidad de Chile.
Publicado por El Nuevo Herald